Carta del Riu Girona en EL PAÍS.
La Carta del riu Girona, firmada por científicos y asociaciones vecinales, vincula por primera vez las inundaciones con la presión urbanística y advierte de que las administraciones carecen de recursos para prevenirlas.
Cuando en octubre de 2007 el desbordamiento del río Girona provocó las inundaciones que causaron la muerte de una persona y asolaron numerosas poblaciones de la Marina Alta, tanto la Generalitat como los ayuntamientos afectados aludieron a dos motivos para explicar los dramáticos efectos de la catástrofe: torrenciales lluvias de más de 200 litros/m2 que no volverían a repetirse durante décadas y un cauce sucio, repleto de cañas y obturado por los puentes. Más de un año después, el análisis ha cambiado de forma radical: fueron la presión urbanística y los cambios producidos por el cambio climático los que agravaron las consecuencias de aquellas precipitaciones y demostraron que en la actualidad las administraciones carecen de los recursos necesarios para contrarrestarlas.
Así lo recoge la Carta del riu Girona, un documento histórico: porque es la primera vez que vecinos y colectivos científicos se unen para firmarla -es de esperar que también lo hagan las instituciones- y porque vincula este tipo de catástrofes a la "alteración de los ecosistemas, la reducción de la biodiversidad y las transformaciones del territorio, originadas por el cambio del paisaje y de los usos tradicionales del suelo, y de la atmósfera, debido al cambio climático". El documento advierte de que ambos elementos combinados "constituyen un riesgo para la población" que seguirá aumentado en el futuro, pese a que en la última década en España han muerto por culpa de las inundaciones unas 250 personas.
La carta hace así más caso a los científicos que a los responsables políticos. Hace caso, por ejemplo, al catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante Jorge Olcina, que durante la celebración de la jornada técnica previa a su redacción ya esgrimió unas fotos áreas sobre la evolución de la geografía del Girona entre 1956 y 2000 que demostraban como en los últimos años han aumentado las urbanizaciones junto al río tanto en su interior: Beniarbeig, Ondara y El Verger; como en el litoral: Dénia y Els Poblets.
En cambio, insta a las administraciones a encontrar nuevos elementos para prever riadas en una zona como la provincia de Alicante considerada por la Red de Observatorios de la Planificación Espacial Europea (ESPON) de "elevado riesgo de inundaciones desde 2006". En este sentido, alude a una directiva de la Unión Europea promulgada sólo 11 días después de la catástrofe del Girona que obliga a delimitar los mapas de peligrosidad de cada unidad hidrográfica en función de su urbanización y de su concentración demográfica. Estos conceptos superan al actual Plan de Inundaciones de la Generalitat que se limitaba a establecer aquellas zonas más proclives a las riadas sólo por sus características naturales.
En sus conclusiones, la carta, que ya contó con el apoyo verbal del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, y que será también presentada a la Generalitat y a los consistorios, pide que se fomente la investigación sobre las consecuencias e implicaciones sociales del cambio climático y de la transformación del territorio, solicita mecanismos de vigilancia para que se cumpla la legislación vigente e insta a incrementar la coordinación para evitar víctimas personales y pérdidas de bienes materiales.
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También en EL PAÍS: La superficie construida en la costa aumentó un 44% en seis años.
La Carta del riu Girona, firmada por científicos y asociaciones vecinales, vincula por primera vez las inundaciones con la presión urbanística y advierte de que las administraciones carecen de recursos para prevenirlas.
Cuando en octubre de 2007 el desbordamiento del río Girona provocó las inundaciones que causaron la muerte de una persona y asolaron numerosas poblaciones de la Marina Alta, tanto la Generalitat como los ayuntamientos afectados aludieron a dos motivos para explicar los dramáticos efectos de la catástrofe: torrenciales lluvias de más de 200 litros/m2 que no volverían a repetirse durante décadas y un cauce sucio, repleto de cañas y obturado por los puentes. Más de un año después, el análisis ha cambiado de forma radical: fueron la presión urbanística y los cambios producidos por el cambio climático los que agravaron las consecuencias de aquellas precipitaciones y demostraron que en la actualidad las administraciones carecen de los recursos necesarios para contrarrestarlas.
Así lo recoge la Carta del riu Girona, un documento histórico: porque es la primera vez que vecinos y colectivos científicos se unen para firmarla -es de esperar que también lo hagan las instituciones- y porque vincula este tipo de catástrofes a la "alteración de los ecosistemas, la reducción de la biodiversidad y las transformaciones del territorio, originadas por el cambio del paisaje y de los usos tradicionales del suelo, y de la atmósfera, debido al cambio climático". El documento advierte de que ambos elementos combinados "constituyen un riesgo para la población" que seguirá aumentado en el futuro, pese a que en la última década en España han muerto por culpa de las inundaciones unas 250 personas.
La carta hace así más caso a los científicos que a los responsables políticos. Hace caso, por ejemplo, al catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante Jorge Olcina, que durante la celebración de la jornada técnica previa a su redacción ya esgrimió unas fotos áreas sobre la evolución de la geografía del Girona entre 1956 y 2000 que demostraban como en los últimos años han aumentado las urbanizaciones junto al río tanto en su interior: Beniarbeig, Ondara y El Verger; como en el litoral: Dénia y Els Poblets.
En cambio, insta a las administraciones a encontrar nuevos elementos para prever riadas en una zona como la provincia de Alicante considerada por la Red de Observatorios de la Planificación Espacial Europea (ESPON) de "elevado riesgo de inundaciones desde 2006". En este sentido, alude a una directiva de la Unión Europea promulgada sólo 11 días después de la catástrofe del Girona que obliga a delimitar los mapas de peligrosidad de cada unidad hidrográfica en función de su urbanización y de su concentración demográfica. Estos conceptos superan al actual Plan de Inundaciones de la Generalitat que se limitaba a establecer aquellas zonas más proclives a las riadas sólo por sus características naturales.
En sus conclusiones, la carta, que ya contó con el apoyo verbal del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, y que será también presentada a la Generalitat y a los consistorios, pide que se fomente la investigación sobre las consecuencias e implicaciones sociales del cambio climático y de la transformación del territorio, solicita mecanismos de vigilancia para que se cumpla la legislación vigente e insta a incrementar la coordinación para evitar víctimas personales y pérdidas de bienes materiales.
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También en EL PAÍS: La superficie construida en la costa aumentó un 44% en seis años.
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